De acuerdo a la metodología de verificación y análisis del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cumple en parte la siguiente promesa que hizo al país en su programa de campaña en 2013: "Reducir la segregación y contar con un país más integrado social y culturalmente, debe
ser un objetivo transversal en el diseño de políticas públicas, no sólo la educativa".

Al respecto, la mandataria dijo este 1 de junio que "hemos consagrado el principio de inclusión en los establecimientos que reciben recursos públicos y estamos terminando con la selección arbitraria de los alumnos".

La nueva Ley de Inclusión comenzó a regir el año pasado, y se comenzará a implementar gradualmente a lo largo de todo el país para garantizar buenos resultados. Hasta ahora, sólo ha sido aplicada en la Región de Magallanes en aquello que refiere a la no selección de estudiantes. Sin embargo, las escuelas y liceos municipales y particular subvencionados al parecer mantienen su estructura segregada y deberán esperar el impacto de dicha legislación. Es decir, la legislación avanzó, pero no sus resultados ni se observan medidas intermedias.

Así lo sugiere un sondeo realizado para este efecto, en el cual se tomaron los índices de vulnerabilidad de 20 escuelas y liceos municipales y subvencionados, seleccionados aleatoriamente del conjunto de establecimientos de la JUNAEB. De estos solo tres disminuyen su vulnerabilidad entre 2010 y 2017 (ver tabla anexa). En promedio, estos establecimientos aumentaron su vulnerabilidad en 7,5%. Un comportamiento similar tuvieron los mejores establecimientos en cuanto al Simce, los cuales también aumentaron su vulnerabilidad.

Según postula la ONG Educación 2020, la Ley de Inclusión establece que “los colegios públicos y particulares subvencionados por el Estado deberán admitir a todos los y las estudiantes que postulen a ellos, tanto en educación básica como en media, sin seleccionar ni por razones socioeconómicas, religiosas, rendimiento académico, situación familiar, etc.”, por lo que la ley tiene directa relación con el cumplimiento de la meta propuesta.

Según Francisca Díaz, actual directora del Centro del Desarrollo Profesional Docente de la Universidad Diego Portales, la Ley de Inclusión que impulsó la presidenta Bachelet para disminuir la desigualdad y la segregación social en los establecimientos educacionales, es una “buena iniciativa, pues se puede pensar que una medida de este tipo tiene directa relación con disminuir la brecha. Sin embargo, el resultado final depende también de que haya una inversión fuerte del sistema público”, argumenta la experta.

Génesis Moreno, periodista del Mineduc, argumenta que “no se van a conocer los resultados de la ley hasta unos ocho años después de que el sistema de admisión, que inició el año pasado en Magallanes, esté operativo en todo el país". Esto será en 2020 en todos los niveles.