De acuerdo a la metodología de verificación del curso Análisis del Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cumple en parte la siguiente promesa que hizo al país en su programa de campaña en 2013: “Esta propuesta plantea un cambio de paradigma. Ello implica pasar de la educación como un bien que es posible transar en el mercado y la competencia como mecanismo regulador de la calidad, a un sistema educacional coordinado que ofrece a las niñas, niños y jóvenes de Chile un derecho social (...). Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de las y los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal".

Según la Dirección de Presupuestos el monto destinado a la gratuidad universal subió de aproximadamente $518 mil millones a $748 mil millones entre 2016 y 2017, el cual fue mediante glosa presupuestaria. El diputado de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC), asegura que este monto no es el esperado por el oficialismo. “Limitaciones económicas nos permiten llegar solo al 50% de las familias de menores ingresos y la intención es llevarlo al 60% al final del gobierno. Eso es lo que vamos a alcanzar más por restricciones económicas que por voluntad política”, dice.

Parte de la expansión del monto se debe a que este año la gratuidad universal se extendió a los Centros de Formación Técnica y a los Institutos Técnico Profesionales.
“Se discriminó de manera arbitraria a los estudiantes técnico profesionales”, dice el diputado miembro de la Comisión de Educación, Jaime Bellolio (UDI), reconociendo que este año hubo un avance.

Por datos obtenidos a través de Ley de Transparencia del Ministerio de Educación, 138.951 estudiantes obtuvieron la gratuidad el año pasado, no obstante en la Cuenta Pública del Mineduc (disponible en su sitio web) la cifra asciende a 139.885. A estos se le suman los cerca de 95 mil que fueron beneficiados durante este periodo, por lo que no cumple con la meta de que al menos 264 mil que se autoimpuso hace dos años. Sin embargo, en su discurso de hoy, la Presidenta aseguró que los beneficiados eran más de 257 mil, lo que no es consistente con la información entregada por el ministerio, que hasta el momento de esta publicación no se ha referido a la inconsistencia de cifras.

Además, la mandataria destacó que el alcance de la gratuidad llegó a todos los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias más vulnerables, un 20% menos de lo que prometió en su cuenta pública de 2015. Y agregó que para el 2018 el alcance será de un 60%.

El financiamiento de la gratuidad vía glosa presupuestaria preocupa a los expertos en el tema, ya que se genera incertidumbre respecto al avance futuro por la dependencia en el gobierno de turno. “A nosotros no nos gusta la estructura de la glosa. Entendemos que es una estrategia política, porque es una estrategia del Presidente de la República y es más fácil legislar si es que muchas personas están en contra. Pero el problema es que viene un cambio de gobierno y puede frenarse la expansión de la gratuidad”, opina Cristian Miquel, asesor legal de la Fundación Educación 2020.

Desde la Fundación Enseña Chile dicen que más allá del problema de entregar la gratuidad vía glosa presupuestaria falta un fortalecimiento de la educación para que los estudiantes puedan alcanzar un puntaje PSU suficiente para obtenerla y una base para mantenerse en la universidad. “Se produce una deserción grande en los niveles socioeconómicos bajos, respecto al primer año de universidad, el 30% deserta y no dura más allá del primer año”, dice Pamela Meléndez, coordinadora de Políticas Públicas de la Fundación.

Gratuidad en la Reforma

La de idea de legislar sobre la Reforma a la Educación Superior prometida por Michelle Bachelet en campaña fue aprobada el martes 17 mayo por la Cámara de Diputados. En este proyecto de ley se menciona que para la gratuidad será la Subsecretaría de Educación Superior el organismo que definirá los aranceles de cada carrera. La Presidenta, en esta cuenta pública, encaró a los opositores de las reformas y fue enfática en pedirle apoyo sobre la tramitación de la ley al todos los miembros del Congreso. "No nos engañemos, quien quiere echar pie atrás en una política seria, inclusiva y responsable, como es la gratuidad en la educación superior le va a estar dando la espalda a Chile y a las familias chilenas. Defender esta conquista es una tarea de todos", aseveró la mandataria.

El diputado Bellolio es defensor de la postura que considera que esta reforma lo que hace es "quitarles autonomía a las instituciones y hacerlas depender en su existencia del gobierno de turno lo que va en contra de la esencia misma del sistema universitario”. Por otro lado, el parlamentario democratacristiano, Mario Venegas es de los partidarios de que esta reforma va por buen camino por lo que se suma al llamado de la presidenta. "La intención y las ideas matrices las comparto plenamente y solo falta que podamos aprobar todas las leyes”, dice Venegas.

La Confech en tanto, asegura que muchas de las ideas que proponen como Movimiento Estudiantil son declaradas inadmisibles. “En el proyecto de ley no están contemplados ciertos mínimos que hemos planteando: terminar con el lucro en todas las instituciones de educación superior, el avance de la gratuidad y un marco regulatorio que garantice la calidad en la educación”, explica la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile y presidenta de la FEUC, Sofía Barahona.

Bachelet anunció el envío de un proyecto de ley que fortalecerá las universidades estatales con la creación de un nuevo marco regulatorio. Además, respecto al CAE, volvió a recalcar su compromiso de terminar con el Crédito con Aval del Estado. "En los próximos meses enviaremos un proyecto de ley al congreso que establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente nuestros esfuerzos en gratuidad". La iniciativa considera la creación de una entidad pública y la promoción de estándares de calidad en todas las instituciones que accedan a este beneficio.