De acuerdo a la metodología de verificación del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no pudo cumplir la siguiente promesa que hizo al país en su programa de gobierno en 2013:

"Estableceremos una nueva institucionalidad para la oferta pública de la educación general, terminando con la administración municipal. Esta nueva institucionalidad debe considerar los avances alcanzados respecto de la participación y tuición del mundo local en la educación.
(…)
La administración de los establecimientos municipales será reemplazada por una nueva institucionalidad pública, cuya estructura contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública, que mantengan la cercanía con la comunidad educativa. Ambas entidades se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación."

Para determinar si este objetivo se cumplía, se confeccionaron tres diferentes parámetros. El primero orientado al Plan de Anticipación que propone la ley de Nueva Educación Pública, este buscó qué municipios y cuantos establecimientos están formando parte de este proceso. El segundo parámetro fue el traspaso del servicio educacional de municipal a estatal, este se hace a nivel de servicio, bienes y personal. Como tercer y último parámetro se indagó en las nuevas instituciones que crea este proyecto de ley como la Dirección General de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación.

En cuanto al Plan de Anticipación está puesto en marcha en 19 comunas agrupadas en 6 territorios a lo largo del país. Estos municipios concentran a 308 establecimientos públicos. La iniciativa del Plan de Anticipación está inscrita en el proyecto de ley pero es netamente una voluntad política por parte de las municipalidades. “Esta implementación es un plan de anticipar ciertas cuestiones que debieran ir modificándose una vez aprobada y una vez implementada la ley”, dijo Claudio Gonzales, asesor del Ministerio de Educación enfocado exclusivamente en la Nueva Educación Pública.

Desde la ACES, su vocera, Sara Robles fue enfática “no sabemos nada de eso, no se han acercado”, dijo. El secretario del Colegio de Profesores, Hugo Gerter, también fue crítico “lo único que sabemos es que el ministerio ha ido a los colegios a hacer una suerte de apología de lo bueno que es proyecto de desmunicipalización”, sentenció. La directora del colegio Ignacio Carrera, perteneciente al territorio de Las Barrancas reconoció la implementación del plan, sin embargo, sabe que el proyecto de ley está suscrito a la aprobación del congreso.

En cuanto al traspaso de un sistema municipal a uno que administre el Ministerio de Educación, no ha habido avances debido a que esto está suscrito a la aprobación del proyecto de ley en el congreso. En caso de ser aprobadas, los traspasos serían a nivel de bienes y de personal, donde están contempladas 5031 escuelas, 200.000 personas del personal y aproximadamente 1.500.000 estudiantes. Los traspasos están contemplados de una forma gradual con un plazo de 6 años desde aprobada la ley.

Desde el profesorado hay incertidumbre porque el traspaso incluye cambios en las planillas y no se sabe qué pasará con el futuro de muchos docentes. “Todo es una nebulosa y los profesores obviamente no están tranquilos porque no saben cómo será este traspaso. Es como una especie de Transantiago”, dijo Hugo Gerter.

Algunas de las nuevas instituciones que postula la ley son la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación, ambas, en caso de aprobarse la ley serán dependientes del MINEDUC. La primera es el ente superior y tiene como principal labor coordinar el trabajo colaborativo de los Servicios Locales de Educación. Los Servicios Locales de Educación serán 68 organismos públicos organizados por agrupaciones de comunas los cuales según plantea el proyecto tendrán un carácter descentralizado y poseerán personalidad jurídica. Estos tendrán a cargo la organización de los establecimientos públicos. Ambas instituciones son imposibles de evaluar, ya que concretamente no existen debido a que el proyecto de ley no ha sido aprobado.

El proyecto de ley Nueva Educación Pública lleva 1 año y medio de discusión en el congreso, en marzo el ejecutivo le colocó urgencia. Hasta el momento terminar con la municipalización de la educación pública es solo un proyecto de ley, por lo tanto sus disposiciones no se han cumplido. Según senadores del oficialismo, el proyecto podría estar aprobado para finales de julio. De ser aprobado, el traspaso comenzará el 1 de enero del 2018, donde también está contemplado el funcionamiento de los primeros Servicios Locales de Educación. La ley de Nueva Educación Pública cobra especial relevancia de cara a la elección presidencial de este año.