De acuerdo a la verificación del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet cumple en parte la siguiente promesa que hizo al país en su programa de gobierno en 2013: “La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales”.

“Sin agua no hay desarrollo. Por eso estamos avanzando con obras concretas para asegurar agua para el consumo humano y para la actividad agrícola”, señaló la presidenta Bachelet en la cuenta pública del 2016, y añadió que “es imprescindible mejorar la gestión de los recursos hídricos. Necesitamos que el Estado cuente con mayores facultades de fiscalización y de gestión. Con ese fin, he decido hacer indicaciones a la moción parlamentaria sobre la Dirección General de Aguas. Además, actualizaremos la gestión y los procesos de la DGA”. Para llevar a cabo tales promesas se deben introducir cambios en la actual legislación que rige por medio del Código de Aguas y así poder cumplir con el programa de gobierno que busca declarar las aguas como bienes nacionales de uso público.

La legislación del Código de Aguas del año 1981 no establece ninguna preferencia de un uso de agua por sobre otro, por eso, el gobierno de Bachelet ha enfatizado en que este cambio legislativo es necesario. Pero esta reforma ha pasado por complejos momentos en su discusión, principalmente por los reparos del rubro agrícola. “Atenta flagrantemente en contra de nuestros legítimos derechos adquiridos, los que sabremos hacer respetar en las instancias institucionales debidas”, indicó a través de un comunicado la Sociedad Nacional de Agricultura sobre las modificaciones al Código de Aguas. En la misma línea, Iván Varela Perry, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal, puntualiza que “nuestra única aprehensión es el tema de la propiedad del agua, tenemos miedo a perder la certeza que tenemos sobre el derecho o las acciones de agua, queremos que quede claro que la propiedad del agua es del regante”.

No ha habido consenso según argumenta el Director Ejecutivo de Derecho e Ingeniería del Agua Consultores S.A. (DIAgua) y ex Abogado Jefe de la Dirección General de Aguas durante 1994 y 2003, Pablo Jaeger. “Esta tramitación se ha transformado en una ‘discusión ideológica’, ya que se tocan todo tipo de intereses. porque según los grandes empresarios se les está pasando a llevar el derecho a su propiedad”.

La reforma al Código de Aguas se pudo agilizar ya que a inicios de 2017, la presidenta puso urgencia al proyecto, siendo aprobada en general el 2 de mayo por la Comisión del Senado de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.

Durante su última cuenta pública la presidenta no se refirió a nuevas modificaciones respecto del Código de Aguas, sin embargo, en materia de recursos naturales hizo énfasis en que el Estado debe aprovecharlos, en especial los minerales. “Hemos desplegado una nueva política para el litio y la gobernanza de los salares, que refuerza el rol del Estado como dueño de estos recursos”, afirmó la mandataria.