De acuerdo a la metodología de verificación y estudio del curso Análisis Comparado de Periodismo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no cumple la siguiente promesa que hizo al país en su programa de gobierno en 2013: “Se propone una nueva generación del Tribunal Constitucional (TC) desde los poderes públicos democráticos, sin injerencia de la Corte Suprema, en número impar, eliminando el voto dirimente o de calidad de su Presidente. Con la finalidad de racionalizar el rol contra mayoritario del Tribunal, se requiere reordenar sus competencias, fortaleciendo su comprensión como tribunal, resolviendo conflictos, por lo que se hace imperioso suprimir las competencias de control preventivo de constitucionalidad de normas, tanto obligatorio como facultativo. Asimismo, el TC tendrá una nueva competencia consultiva para, a petición de cualquiera de las cámaras, examinar la necesidad de adecuación del derecho interno con motivo de la aprobación parlamentaria de tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, la Constitución debe establecer mecanismos de coordinación sistemática del TC con los tribunales que integran el Poder Judicial y la Justicia Electoral, para asegurar el debido cumplimiento de sus decisiones cuando corresponda”.

El único proyecto ingresado en enero pasado al Congreso que hace referencia a lo prometido, apunta al control preventivo de las leyes. La moción, según el jurista Patricio Zapata, coautor del libro Propuestas Constitucionales, del Centro de Estudios Públicos, no es adecuada. “Más que eliminarlo, modificaría su aplicación porque puede cumplir una función útil como ocurre en países donde funciona perfectamente bien, como en Alemania”, puntualizó.

No existen otras mociones acerca de la eliminación del voto dirimente del presidente del TC, la facultad consultiva del Tribunal para las cámaras y su rol de coordinación de los tribunales del Poder Judicial y la justicia electoral. La propuesta de Michelle Bachelet forma parte de la iniciativa que busca crear una nueva constitución, debate que recién en abril de este año entró al Congreso con el proyecto de ley para crear una convención constitucional. Esa será la primera fase para abrir el camino del debate a nivel gubernamental en torno a una nueva carta fundamental, que incluirá entre sus puntos una nueva generación del Tribunal Constitucional. Además, los cambios del TC nunca han sido incluidos en una cuenta pública de la mandataria y tampoco lo fue en la de hoy.